La subsistencia de las Diputaciones Provinciales es materia de polémica. Así mientras el candidato Rubalcaba propone la supresión de las mismas un par de meses después de que el PSOE perdiera casi todos los gobiernos provinciales que tenía el PP no quiere oir ni hablar de suprimir estas instituciones después de conseguir todos los gobiernos provinciales que el PSOE ha perdido.

O sea que aunque digan que la cosa va de racionalizar la Administración Pública y ahorrar costes por aquello de la crisis la ratio decidendi parece ser bien distinta.

Personalmente soy del parecer de que las Diputaciones Provinciales (que sólo subsisten en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales) perdieron su razón de ser desde el momento en que se puso en marcha el Estado de las Autonomías. Sin embargo es evidente que la Constitución se refiere expresamente a ellas. Así el artículo 141.2 dispone que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Por tanto plantearse la supresión de las Diputaciones es plantearse una siempre larga y siempre polémica reforma del texto constitucional. Y es más. Difícilmente podría subsistir la naturaleza de la provincia como una entidad local con personalidad jurídica propia si lo que se sigue de la supresión de sus órganos de gobierno no es otra cosa que la derivación de ese gobierno autónomo a un ente territorial distinto (la Comunidad Autónoma). Así desde luego no hay gobierno autónomo.

Cuestión distinta es la consolidación competencial de las Diputaciones en el marco estatutario de las respectivas Comunidades Autónomas o lo que es lo mismo la integración de las comptencias que tienen estos órganos provinciales en el ámbito común de cada autonomía. Tema Bomberos. Tema Tributos Locales. Por ejemplo (lo más significativo). Por ahí se conseguiría una racionalización de los recursos y una contención del gasto más rápida y efectiva que a través de la comentada e inevitable reforma constitucional.